Comandado por Daniel Arroyo, el Ministerio de Desarrollo Social refuerza la ayuda social.
Por Jaime Rosemberg para La Nación.
«Hay que pasar fin de año», define un miembro del equipo del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, mientras mira de reojo la avenida 9 de julio a la altura de Belgrano, sitio habitual de reclamos y demandas de distintos sectores. «Hoy nos salvamos, no hay nadie», respira aliviado otro funcionario que cuenta literalmente las horas que faltan para el final de 2021, con el recuerdo de otros fines de año calientes como pesadilla recurrente.
Con el declarado objetivo de evitar desbordes, y el guiño del presidente Alberto Fernández, el ministerio inyectó durante este mes $63.000 millones en distintos planes ya vigentes, el triple de lo que suele invertir el Estado en estos rubros en un mes común. La duplicación de los montos de los beneficiarios de la tarjeta alimentaria, refuerzos del bono Potenciar Trabajo y hasta un bono de $5000 para trabajadoras en los merenderos conforman el combo con el que el Gobierno intenta compensar la escalada inflacionaria y, a la vez, la suspensión del IFE (la última tanda se distribuyó a fines de septiembre) que cobraron cerca de 9 millones de personas y que ya no figura en el presupuesto 2021.
«No hay ánimo social de conflicto, más allá de los reclamos genuinos que existen», comentan cerca del ministro, quien se cuida de cometer el «error» de su par de Trabajo, Claudio Moroni, en la mira del kirchnerismo duro luego de elogiar «la evolución del salario» en el país «después de un año terrible para el mundo», como expresara hace dos semanas.
La magnitud de la ayuda social (sólo el viernes se depositaron $14.000 millones en las tarjetas alimentarias para la compra de alimentos de primera necesidad a un universo de 1,5 millones de mujeres con hijos de hasta 6 años) incluye además la distribución de 1,7 millones de canastas navideñas y tiene su correlato en otro dato clave que releva el Gobirno: en las últimas cinco semanas hay menos gente en los comedores, una cifra que pasó de 8 a 11 millones en el pico de la pandemia y que baja de manera ostensible, aunque muy leve. «Es gente que consiguió una changa en construcción o una empresa textil», afirma otro funcionario, que hasta asegura que «en los barrios no hay grieta» y que los ánimos, a pesar de las carencias, tienden a calmarse con la incipiente recuperación de la actividad que trajo la disminución de casos de coronavirus.
En el ministerio de Arroyo aseguran que los casos de «cobro múltiple» por parte de una misma familia (12.000 pesos de tarjeta alimentaria con más de dos hijos, $9400 del Potenciar Trabajo y otros $12.000 por la Asignación Universal por hijo, a cargo de Anses) existen pero son «muy escasos y excepcionales», sin dar cifras concretas. Siempre ha sido un tema controvertido, al igual que los casos de personas que trabajan pero también cobran planes sociales.
Con todos los cañones apuntando a este diciembre, crecen los interrogantes sobre la cobertura a partir de enero. El lanzamiento del proyecto Inclusión Joven con becas de $8500 está previsto para ese mes, mientras seguirán las tarjetas y el pago de $9450 (mitad del salario mínimo) a las 700.000 personas incluidas en el Potenciar Trabajo. El refuerzo (de diciembre) se hizo efectivo hoy y continuará el mes próximo.
Barrios populares
La inyección de fondos directos se complementa con la puesta en marcha-anunciada por La Nación- del megaplan «anti-tomas» para la mejora de barrios populares de todo el país, con otra fabulosa caja de casi $60.000 millones provenientes del Impuesto País y el eventual 15 por ciento de lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas, aprobado por el Congreso a principios de mes por impulso de Máximo Kirchner.
Con la supervisión de Arroyo, el plan es coordinado por Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio-Urbana, titular del registro de barrios populares (Renabap) y miembro de la UTEP de Juan Grabois. Rebautizado como un «Procrear para pobres», por la intención de dar certezas habitacionales y frenar los reclamos violentos como los vividos semanas atrás en la localidad bonaerense de Guernica o en Villa Mascardi, en Río Negro, desde el Ministerio de Desarrollo Social prometen distribuir recursos en forma «equitativa», aunque es mirado con atención y recelo desde las provincias y municipios manejados por la oposición.
«Trabajamos en conjunto con los movimientos sociales, la Iglesia y distintos gobiernos», reitera Arroyo fuera de micrófono. Cerca suyo dan como ejemplo que mañana miércoles se reunirá con la ministra de Desarrollo Social porteña, María Migliore, para definir prioridades de inversión en barrios populares de la ciudad. Arroyo valora la tarea en la villa 31 y otros barrios de Migliore, surgida del riñón de María Eugenia Vidal y Carolina Stanley dentro de Pro.
«Habrá obras en La Matanza, pero también en Lanús», se defienden desde el Gobierno ante quienes ven este plan (y el refuerzo de los planes sociales) como herramienta para el decisivo año electoral que se avecina.
